Un reciente informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha señalado la imperante necesidad de que los países miembros realicen una inversión más significativa en opciones de transporte público y activo, como trenes regionales y carriles bici. El objetivo es desincentivar el uso del automóvil privado en áreas urbanas y, de esta manera, alcanzar las metas de movilidad sostenible establecidas por el bloque comunitario. A pesar de los 60.000 millones de euros destinados a mejorar las redes de transporte entre 2014 y 2027, el estudio destaca que los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) presentan deficiencias, como una cobertura territorial limitada y la falta de claridad en la financiación, lo que obstaculiza la efectividad de las iniciativas.
La Unión Europea insta a sus miembros a redoblar esfuerzos en infraestructura de transporte sostenible
El 4 de febrero de 2026, desde Bruselas, la Unión Europea recibió un llamado de atención por parte de su Tribunal de Cuentas. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, responsable de la auditoría, enfatizó que es crucial aumentar la inversión en infraestructuras ferroviarias regionales, redes de tranvía y, sobre todo, en carriles bici e intercambiadores urbanos. Esta medida busca ofrecer a los ciudadanos de la UE alternativas atractivas al uso del coche particular, especialmente para sus desplazamientos diarios al trabajo, y así contribuir a los objetivos de movilidad sostenible del continente. La auditoría, que analizó ciudades como Budapest, Katowice, Lisboa, Praga, Sevilla y Lille, reveló que, aunque la UE ha invertido considerables recursos para fomentar la movilidad sostenible, los Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) presentan limitaciones significativas. Por ejemplo, muchos de estos planes se basan en límites administrativos, ignorando los flujos reales de viajeros pendulares y dejando fuera a una parte importante de los desplazamientos cotidianos. Además, la auditoría señala que la planificación de la movilidad no siempre está adecuadamente vinculada a la ordenación del territorio, lo que impide que el desarrollo urbano y los sistemas de transporte se complementen eficazmente. Un caso particular es el de Sevilla, donde el PMUS, aprobado en 2021, solo cubre el término municipal, lo que representa apenas el 3% de su área urbana funcional, excluyendo a más de 294.000 desplazamientos diarios. Esta limitación territorial y la falta de alineación con los objetivos nacionales dificultan la consecución de las metas climáticas y de sostenibilidad. La auditoría reitera hallazgos de 2020, indicando que, incluso en trayectos cortos desde áreas suburbanas, el automóvil sigue ofreciendo una mayor accesibilidad que el transporte público, incluso en horas pico, lo que subraya la urgencia de mejorar las alternativas disponibles.
El informe del Tribunal de Cuentas de la UE nos invita a reflexionar sobre la importancia de una planificación integral y una inversión decidida en infraestructuras de movilidad sostenible. Para que las ciudades europeas realmente se transformen en espacios más verdes y eficientes, no basta con la intención; se requiere una acción coordinada que supere las barreras administrativas y asegure una financiación transparente y suficiente. Solo así se podrá ofrecer a los ciudadanos opciones de transporte que los motiven a dejar el coche en casa, contribuyendo no solo a la sostenibilidad ambiental, sino también a una mejor calidad de vida en nuestras áreas urbanas.